Senado de Florida aprobó proyecto de ley que endurecería políticas migratorias

Luego de varias horas de deliberación la cámara de representantes aprobó el proyecto de ley SB 1808, con una votación de 77 a 42. Este proyecto de ley es una medida que endurecerá las políticas migratorias.

La abogada de inmigración, Renata Castro, dice que esta medida crea dificultades económicas y responsabiliza de forma legal a empresas de transporte que traen inmigrantes a Florida.

“El proyecto de ley dice que va a penalizar a compañías e individuos que dan abrigo o que transportan a inmigrantes indocumentados en realidad tendrá muy poco efecto en la vida diaria de inmigrantes que viven y trabajan en el estado de Florida”, explica Castro.

Por su parte opositores dicen que si esta propuesta se convierte en ley, violaría la constitución de los Estados Unidos.

El abogado de inmigración Hector Benítez dice que en Estados Unidos solo las autoridades federales pueden aplicar la ley de inmigración. “Porque recordemos que la ley de inmigración es una ley que está regida primordialmente, y digamos que es la columna vertebral, a través del derecho federal”, dice Benítez.

“Solamente el gobierno federal por medio de ICE y sus agencias de detención migratorias pueden decidir si van a detener a un inmigrante indocumentado o no”, añade Castro.

Pero esta medida exige que cada agencia del orden, estatal o local, que funcione como un centro de detención entre en un acuerdo con el Departamento de Inmigración, una política conocida como 287G.

“Hay una prohibición que discute a fondo las cuestiones relacionadas a individuos que cometen crímenes, y cómo el relato de esos crímenes ocurrirá de una agencia policial o investigativa del estado de Florida para el gobierno federal”, dice Castro.

Opositores también dicen que podría afectar a millones de personas que tienen permiso del gobierno federal, incluyendo también a turistas. La razón: porque no especifica quienes se consideran ‘extranjeros no autorizados’.

“Incluso personas como jovenes de DACA que tienen autorización de trabajo que el gobierno les permite permanecer en el país podrán ser discriminados, sin buscar trabajo, en conseguir una casa para alquilar”, explica Castro.

También afectara a los niños inmigrantes no acompañados, ya que de convertirse en ley, varios albergues para inmigrantes menores no acompañados podrían cerrar, debido a que con este proyecto de ley se eliminarían fondos estatales.

“De alguna manera tilda de condiciones inconstitucionales, pues que la harían inviable es su ejecución”, dice Benítez.

“En mi opinión e interpretación, es un problema mucho más de opinión pública que de discriminación, que actualmente de consecuencias legales”, concluye Castro.