Trump deberá enfrentarse a un juez en DC por las acusaciones de intentar anular las elecciones presidenciales de 2020

Donald Trump debe comparecer este jueves ante un tribunal federal para responder a las acusaciones de que intentó anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, enfrentándose a un juez cerca del edificio del Capitolio de Estados Unidos que sus partidarios asaltaron para intentar bloquear el traspaso pacífico del poder.

En lo que se ha convertido en un ritual familiar pero no por ello menos sorprendente, se espera que Trump sea procesado por las fuerzas del orden, detenido formalmente y se declare inocente ante un juez antes de ser puesto en libertad, lo que le permitirá reincorporarse a la campaña electoral en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024.

Una acusación formulada el martes por el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, imputa a Trump cuatro delitos graves relacionados con sus esfuerzos por deshacer su derrota en las elecciones presidenciales en el periodo previo a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, entre ellos conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. En caso de condena, los cargos podrían conllevar una pena de prisión de varios años.

Las fuerzas del orden reforzaron la seguridad en el exterior del tribunal, incluso instalando barricadas.

El ex presidente republicano es la única persona acusada en el caso, aunque los fiscales mencionan a seis cómplices no identificados, en su mayoría abogados, con los que dicen que conspiró, incluso en un plan para reclutar electores falsos en siete estados disputados ganados por el demócrata Joe Biden para presentar certificados falsos al gobierno federal.

La acusación relata cómo Trump y sus aliados republicanos, en lo que Smith describió como un ataque a una “función fundamental del gobierno de Estados Unidos”, mintieron repetidamente sobre los resultados en los dos meses posteriores a que perdiera las elecciones y presionaron a su vicepresidente, Mike Pence, y a los funcionarios electorales estatales para que tomaran medidas que le ayudaran a aferrarse al poder.

Esta es la tercera causa penal abierta contra Trump en menos de seis meses.

Fue acusado en Nueva York de falsificar registros comerciales en relación con un pago de dinero por silencio a un actor porno durante la campaña presidencial de 2016. La oficina de Smith también le ha imputado 40 delitos graves en Florida, acusándole de retener ilegalmente documentos clasificados en su finca de Palm Beach, Mar-a-Lago, y de negarse a las exigencias del Gobierno de devolverlos. Se ha declarado inocente en ambos casos, que se juzgarán el año que viene.

Y se espera que los fiscales del condado de Fulton, Georgia, anuncien en las próximas semanas las decisiones de acusación en una investigación sobre los esfuerzos para subvertir los resultados electorales en ese estado.

El abogado de Trump, John Lauro, ha afirmado en entrevistas televisivas que las acciones de Trump estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y que se basó en el asesoramiento de abogados. Trump ha afirmado sin pruebas que el equipo de Smith está tratando de interferir en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump es el favorito para hacerse con la nominación republicana.

Smith dijo en una rara declaración pública esta semana que estaba buscando un juicio rápido, aunque Lauro ha dicho que tiene la intención de ralentizar el caso para que el equipo de la defensa pueda llevar a cabo su propia investigación.

La comparecencia se celebrará ante la juez Moxila Upadyaha, que se incorporó al tribunal el año pasado. Pero en adelante, el caso será presidido por la jueza federal de distrito Tanya Chutkan, designada por el presidente Barack Obama y que se ha destacado como una de las más duras castigadoras de los alborotadores del Capitolio.

Chutkan también ha fallado contra Trump en otras ocasiones, negándose en noviembre de 2021 a bloquear la entrega de documentos al comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos alegando el privilegio ejecutivo.