El Departamento de Justicia y un grupo de derechos civiles formalizan que van a apelar el fallo del juez federal contra DACA

El Departamento de Justicia de EEUU y un grupo de derechos civiles formalizaron el jueves su intención de apelar el reciente fallo del juez federal Andrew Hanen en contra de una versión revisada del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Tanto el Departamento de Justicia de EEUU, en representación del gobierno, como el Fondo Mexicano-Estadounidense de Educación y Defensa Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), que representa a un grupo de beneficiarios de DACA y sus familias, presentaron notificaciones de apelación el jueves en las que anuncian que le pedirán a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU en Nueva Orleans que anule el fallo del juez federal.

Los abogados de MALDEF han argumentado que los estados no lograron probar el daño causado por la implementación de DACA y que el programa es un ejercicio legal de la discreción presidencial.

“El aviso de hoy es el siguiente paso en nuestra defensa a largo plazo de DACA. La decisión del juez Hanen está plagada de errores legales, tanto en lo que respecta al daño totalmente ilusorio que respalda la posición de Texas para comparecer ante los tribunales, como en cuanto a los límites imaginados de la autoridad ejecutiva debidamente autorizados por el Congreso durante muchos, muchos años. Esperamos con ansias este próximo paso para defender a nuestra nación de la locura de poner fin a DACA”, declaró en un comunicado Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF.

Hanen, un juez federal de distrito de Houston, falló en septiembre a favor de Texas y otros ochos estados republicanos en una demanda que buscaba detener el programa DACA, creado por el gobierno de Obama en 2012.

En 2021, el mismo juez Hanen ya había declarado a DACA ilegal, lo que llevó a la administración Biden a intentar satisfacer sus señalamientos con una nueva versión de DACA, que el juez volvió a rechazar en septiembre.

Aunque expresó su simpatía por los llamados dreamers, los beneficiarios de DACA, Hanen dictó en su fallo que el gobierno de EEUU había abusado de su autoridad con la creación de ese programa y que era el Congreso quien debía tomar ese tipo de medidas.

Pero los defensores de DACA aseguran que el Congreso le ha dado al gobierno federal autoridad legal para establecer políticas de control migratorio, y que no ha conseguido aprobar proyectos legales para proteger a los dreamers.

Según la decisión de Hanen, todos los titulares actuales de DACA pueden continuar renovando la protección y sus autorizaciones de trabajo mientras el caso avanza ante la justicia, pero el gobierno no puede aprobar nuevas solicitudes.

A finales de marzo de este año había 578,680 personas inscritas en DACA, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, se esperaba que el proceso de apelación, incluida la presentación de documentos, tardara meses en completarse. Por tercera ocasión, es muy probable que el destino de DACA vuelva a las manos de la Corte Suprema de EEUU.

Los estados que demandaron al gobierno por la implementación de DACA fueron Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Mississippi y Kansas.